Defender el medio ambiente es un DEBER; protestar, nuestro DERECHO (artículo 45 de la Constitución).
16 activistas y un fotoperiodista independiente se enfrentan a posibles penas de dos años y ocho meses de cárcel, además de multas e indemnizaciones por un total de 360.000 euros para Greenpeace por la acción que se llevó a cabo para pedir el cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) en febrero de 2011.
Es el juicio más duro al que se enfrenta la organización en sus 30 años de activismo pacífico en España.
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