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La Audiencia Provincial de Sevilla confirma la imputación de François Fleury, Bill Williams y Paz Cosmen, a solicitud de la Fiscalía y de Ecologistas en Acción.
El pasado 8 de noviembre la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado auto por el que se desestima la apelación presentada por la defensa de los tres directivos que en mayo de 2012 fueron imputados por el Juzgado nº19 de Sevilla por un delito contra el medio ambiente (art. 325 del Código Penal) y otro delito de daños a bienes de dominio público (art 263 del CP), por construcción ilegal de balsas con aguas contaminadas, detracción ilegal de aguas subterráneas y contaminación con arsénico del acuífero Gerena-Posadas.
La Audiencia Provincial valora los informes periciales aportados por la Fiscalía que concluyen que “las alarmas sobre valores elevados de arsénico han comenzado justo tras la explotación”, y que, “el acuífero se usa para regadío, y en épocas de sequía se destina, incluso, al consumo humano”. Considera la Audiencia que de la instrucción del Juzgado nº19 se desprende que “el día 2 de abril del año 2008 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) detectó (…) entre otras sustancias contaminantes, arsénico en concentraciones muy superiores a las establecidas en el RD 140/2003, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano”.
El Juzgado nº19 inició su instrucción en septiembre de 2008 a instancias de la Fiscalía, y en base a reiteradas denuncias presentadas por Ecologistas en Acción ante la CHG.
Los hechos han sido los siguientes:
- en 2003 la CHG y la Consejería de la Junta de Andalucía competente en minería autorizan el proyecto de CLC, condicionando la viabilidad de la explotación minera al correcto funcionamiento de un “novedoso” Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR) de aguas subterráneas, que en teoría, tenía que mantener intacta la cantidad y la calidad de las aguas del acuífero.
- Ecologistas en Acción alegó repetidamente ante la CHG y denunció inútilmente ante los juzgados la imposibilidad técnica del correcto funcionamiento del SDR
- en 2006 se inicia la excavación de la mina y el funcionamiento del SDR
- en abril de 2007 Ecologistas en Acción denuncia ante la CHG 15 balsas ilegales dentro del recinto minero, muchas de ellas con aguas contaminadas; las posteriores inspecciones de la CHG detectan 31 balsas y un incumplimiento radical de casi todas las condiciones de funcionamiento del SDR.
- los imputados desoyeron de manera reiterada, desde julio de 2007 hasta mayo de 2008, los requerimientos de la CHG para que cumplieran sus obligaciones
- en abril de 2008 se detectaron 20 pozos ilegales que inyectaban en el acuífero el agua contaminada que se produce en el fondo de la mina por el contacto a cielo abierto de la veta mineral con el acuífero, con altas concentraciones metálicas y de arsénico
- ante la gravedad de la situación, la CHG clausuró los pozos ilegales y suspendió la autorización del SDR el 12 de mayo de 2008, y la Junta de Andalucía paralizó la excavación, ya que no estaba garantizada la viabilidad de la mina.
Pero ni la CHG ni la Consejería denunciaron los hechos ante la justicia, sino que tuvo que ser nuevamente Ecologistas en Acción quién documentara ante la Fiscalía, en mayo de 2008, el atentado ecológico que se estaba produciendo, con grave riesgo de contaminación de cultivos y para la salud de las personas. Ante la contundencia de los argumentos de Ecologistas en Acción, y tras las investigaciones oportunas, la Fiscalía presentó denuncia e instó la paralización inmediata del SDR, que el Juzgado nº19 decretó en septiembre de 2008, atendiendo al principio de Prevención, Precaución y Detección de los atentados al medio ambiente preferentemente en la fuente, y en base a Sentencias del Tribunal de Luxemburgo.
Esta actuación conjunta de Fiscalía y Juzgado impidió sin duda la proliferación de los daños, pero ahora la Audiencia de Sevilla deja claro en su auto que “el tipo delictivo se consuma con la creación del riesgo (…), pues se trata de un delito de peligro concreto que no precisa para su consumación la producción de un perjuicio determinado y específico”. Con referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Audiencia reitera “que debe concurrir un riesgo grave (…), siendo importantes para estos efectos las pruebas periciales.” Y en este caso las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía son contundentes y así lo consideró el Juzgado.
El canadiense Fleury fue destituido como Consejero Delegado de CLC en 2010, pero siguió entonces presidiendo la Fundación Cobre Las Cruces, cuya función es lavar la imagen contaminante de la mina, mediante generosas donaciones a empresas, medios de comunicación, municipios e instituciones.
El norteamericano Bill Williams dejó la dirección de la mina en enero de 2011 y actualmente es presidente de Gogebic Taconite, proyecto minero en Wisconsin (EE.UU), que amenaza gravemente el Lago Superior, los abastecimientos de agua y los cultivos tradicionales de arroz de la reserva de indios Chippewa.
Desde Ecologistas en Acción exigimos que se tomen las medidas oportunas para que los imputados Fleury y Williams no escapen a la acción de la justicia española.
La Sra. Paz Cosmen sigue siendo responsable de medio ambiente y apoderada de CLC.
http://gerenaverde.blogspot.com/
